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Luz Lidia Suárez RodríguezHéctor Camilo Linares Huertas y Daniel Rodríguez Bautista, señalados como integrantes de una red delincuencial, enfrentan ahora medidas de aseguramiento en un establecimiento carcelario. Su presunta actividad criminal se centraba en el robo a usuarios del sistema financiero.

La investigación reveló un modus operandi astuto. Los procesados, aparentemente, alteraban el funcionamiento normal de los cajeros automáticos. Luego, se aproximaban a las víctimas, a quienes identificaban cuidadosamente. Les ofrecían ayuda, memorizaban sus claves bancarias y cambiaban sus tarjetas plásticas. Cuando las personas afectadas buscaban asistencia en la entidad, los depredadores retiraban el dinero o realizaban transacciones virtuales. Se estima que 74 usuarios en ciudades como Bogotá, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Fusagasugá, Dinamarca, Villeta, Lima Duero, Pie de Cuesta y Barrancabermeja (Santander), Medellín (Antioquia), Villavicencio (Meta) y Armenia (Quindío) fueron víctimas de este fraude, con un monto total de 300 millones de pesos.

La captura de los tres señalados involucrados en esta actividad ilegal fue llevada a cabo por funcionarios del CTI durante diligencias en las que se incautaron 80 tarjetas de débito y crédito reportadas como hurtadas, así como celulares, sustancias ilícitas (marihuana y cocaína), licencias de conducción, cédulas de ciudadanía y un datáfono. El fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de concierto para delinquirhurto por medios informáticos y semejantes, y daño en bien ajeno. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados por los acusados.

Este caso resalta la importancia de la lucha contra la delincuencia y la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema financiero. La colaboración entre las autoridades y la comunidad es fundamental para proteger a los ciudadanos y prevenir futuros actos criminales.

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    Judicial

    Incautan más de 40 toneladas de aceite automotriz e industrial falsificado en Antioquia.

    La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con el CTI y el Ejército Nacional, desmanteló varios centros de falsificación de lubricantes en Medellín, Itagüí y Rionegro. Durante siete operativos de registro y allanamiento, se incautaron 40 toneladas de mercancía, que incluían más de 5,400 unidades de aceites automotrices e industriales, además de equipos de comunicación y documentación contable.

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    La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con el CTI y el Ejército Nacional, desmanteló varios centros de falsificación de lubricantes en Medellín, Itagüí y Rionegro. Durante siete operativos de registro y allanamiento, se incautaron 40 toneladas de mercancía, que incluían más de 5,400 unidades de aceites automotrices e industriales, además de equipos de comunicación y documentación contable.

    Las investigaciones revelaron que aceites en pésimo estado eran reciclados y mezclados con sustancias que alteraban su calidad, para luego ser distribuidos como productos de marcas reconocidas, utilizando empaques y sellos diseñados para aparentar autenticidad.

    Los productos falsificados estaban siendo comercializados en diferentes ciudades del país. Un juez de control de garantías avaló las diligencias y los elementos incautados, mientras las investigaciones avanzan para imputar cargos por los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial y alteración de calidad, cantidad, peso o medida.

    Este golpe representa un importante avance en la lucha contra el comercio ilegal que pone en riesgo la seguridad de los consumidores y afecta la economía del país.

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    Judicial

    Operativo militar dejó un saldo de 2 muertos y 3 capturados en el sur de Bolívar.

    En una operación militar estratégica llevada a cabo en zona rural de Santa Rosa del Sur, Bolívar, la Segunda Brigada del Ejército Nacional asestó un duro golpe a la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo.

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    En una operación militar estratégica llevada a cabo en zona rural de Santa Rosa del Sur, Bolívar, la Segunda Brigada del Ejército Nacional asestó un duro golpe a la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo. Este operativo, realizado en el marco del Plan Ayacucho, reafirma el compromiso de las fuerzas militares en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad en la región.

    El combate dejó como saldo la muerte de dos integrantes de este grupo armado, la captura de tres más, y la incautación de un importante arsenal que incluye cuatro fusiles, una pistola, dos revólveres y diversos elementos de intendencia utilizados en actividades delictivas.

    Este logro representa un paso firme en el esfuerzo por debilitar las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de las comunidades en Bolívar y en todo el país. El Ejército Nacional continúa trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir el accionar de grupos al margen de la ley.

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    Judicial

    Fiscalía detecta red de disidencias de las Farc señalados de espiar a la fuerza pública con drones.

    En un operativo realizado por la Fiscalía, se identificó una red de las disidencias de las Farc autodenominada “Segunda Marquetalia”, acusada de utilizar drones para espiar a las fuerzas militares y policiales en el departamento de Huila.

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    En un operativo realizado por la Fiscalía, se identificó una red de las disidencias de las Farc autodenominada “Segunda Marquetalia”, acusada de utilizar drones para espiar a las fuerzas militares y policiales en el departamento de Huila.

    El hallazgo derivó en la captura de cuatro presuntos integrantes de esta organización en el municipio de Acevedo. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron dos fusiles, cerca de 700 cartuchos, un dron, explosivos y otros elementos ilegales.

    Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde se les imputaron cargos por la fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y explosivos de uso privativo de las fuerzas armadas. A pesar de la gravedad de los señalamientos, los procesados no aceptaron los cargos.

    Como medida preventiva, los implicados deberán cumplir con detención en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Este caso resalta los desafíos de seguridad que enfrenta el país frente a las actividades ilícitas de los grupos armados organizados.

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