La denuncia fue interpuesta por la madre de las víctimas, quien manifestó a las unidades policiales que su expareja sentimental había abusado sexualmente de sus dos hijas, de 5 y 7 años de edad. Estos hechos ocurrían cuando la madre salía a trabajar, y el depredador aprovechaba la situación para acceder carnalmente a las pequeñas. Además, amenazaba con quitarles la vida a ellas y a su madre si contaban lo sucedido a alguien.

Las investigaciones se llevaron a cabo de manera coordinada desde el municipio de Tibú hasta Cúcuta. El Juzgado Octavo Penal Municipal emitió la orden de captura por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y violencia intrafamiliar. La Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), en colaboración con la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Fiscalía General de la Nación, se dirigieron al barrio Caño Limón de la comuna 6, donde hicieron efectiva la captura del individuo, identificado como Renzo Rafael Contreras Meneses, natural de Barranquilla, Atlántico. Fue trasladado a las instalaciones de la URI de la Fiscalía y puesto a disposición de la autoridad solicitante.

En audiencia pública, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro penitenciario y carcelario para que responda por los delitos cometidos.

Este caso es un recordatorio urgente para todos los padres de familia: estén atentos a los comportamientos de sus hijos. Si observan cambios significativos o sospechosos, es fundamental entrevistarlos y, si es necesario, informar a las autoridades correspondientes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía Nacional. La protección de nuestros niños y niñas es una prioridad absoluta.

Además, en Cúcuta, las denuncias de un grupo de madres se complementaron con meses de investigación de la Fiscalía para ubicar una vivienda que se convirtió en la sede de un negocio criminal. Niñas y adolescentes eran utilizadas en una red de explotación sexual con fines económicos, vinculados a la pornografía infantil. Los presuntos responsables fueron capturados y enfrentan cargos por trata de personas con fines de explotación sexual y pornografía con menor de 18 años.

La Policía Nacional continúa su ofensiva contra los delitos sexuales, y cualquier víctima menor de edad puede acercarse a la fiscalía para denunciar estos hechos atroces.