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La denuncia fue interpuesta por la madre de las víctimas, quien manifestó a las unidades policiales que su expareja sentimental había abusado sexualmente de sus dos hijas, de 5 y 7 años de edad. Estos hechos ocurrían cuando la madre salía a trabajar, y el depredador aprovechaba la situación para acceder carnalmente a las pequeñas. Además, amenazaba con quitarles la vida a ellas y a su madre si contaban lo sucedido a alguien.

Las investigaciones se llevaron a cabo de manera coordinada desde el municipio de Tibú hasta Cúcuta. El Juzgado Octavo Penal Municipal emitió la orden de captura por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y violencia intrafamiliar. La Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), en colaboración con la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Fiscalía General de la Nación, se dirigieron al barrio Caño Limón de la comuna 6, donde hicieron efectiva la captura del individuo, identificado como Renzo Rafael Contreras Meneses, natural de Barranquilla, Atlántico. Fue trasladado a las instalaciones de la URI de la Fiscalía y puesto a disposición de la autoridad solicitante.

En audiencia pública, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro penitenciario y carcelario para que responda por los delitos cometidos.

Este caso es un recordatorio urgente para todos los padres de familia: estén atentos a los comportamientos de sus hijos. Si observan cambios significativos o sospechosos, es fundamental entrevistarlos y, si es necesario, informar a las autoridades correspondientes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía Nacional. La protección de nuestros niños y niñas es una prioridad absoluta.

Además, en Cúcuta, las denuncias de un grupo de madres se complementaron con meses de investigación de la Fiscalía para ubicar una vivienda que se convirtió en la sede de un negocio criminal. Niñas y adolescentes eran utilizadas en una red de explotación sexual con fines económicos, vinculados a la pornografía infantil. Los presuntos responsables fueron capturados y enfrentan cargos por trata de personas con fines de explotación sexual y pornografía con menor de 18 años.

La Policía Nacional continúa su ofensiva contra los delitos sexuales, y cualquier víctima menor de edad puede acercarse a la fiscalía para denunciar estos hechos atroces.

Judicial

Incautan más de 40 toneladas de aceite automotriz e industrial falsificado en Antioquia.

La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con el CTI y el Ejército Nacional, desmanteló varios centros de falsificación de lubricantes en Medellín, Itagüí y Rionegro. Durante siete operativos de registro y allanamiento, se incautaron 40 toneladas de mercancía, que incluían más de 5,400 unidades de aceites automotrices e industriales, además de equipos de comunicación y documentación contable.

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La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con el CTI y el Ejército Nacional, desmanteló varios centros de falsificación de lubricantes en Medellín, Itagüí y Rionegro. Durante siete operativos de registro y allanamiento, se incautaron 40 toneladas de mercancía, que incluían más de 5,400 unidades de aceites automotrices e industriales, además de equipos de comunicación y documentación contable.

Las investigaciones revelaron que aceites en pésimo estado eran reciclados y mezclados con sustancias que alteraban su calidad, para luego ser distribuidos como productos de marcas reconocidas, utilizando empaques y sellos diseñados para aparentar autenticidad.

Los productos falsificados estaban siendo comercializados en diferentes ciudades del país. Un juez de control de garantías avaló las diligencias y los elementos incautados, mientras las investigaciones avanzan para imputar cargos por los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial y alteración de calidad, cantidad, peso o medida.

Este golpe representa un importante avance en la lucha contra el comercio ilegal que pone en riesgo la seguridad de los consumidores y afecta la economía del país.

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Judicial

Operativo militar dejó un saldo de 2 muertos y 3 capturados en el sur de Bolívar.

En una operación militar estratégica llevada a cabo en zona rural de Santa Rosa del Sur, Bolívar, la Segunda Brigada del Ejército Nacional asestó un duro golpe a la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo.

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En una operación militar estratégica llevada a cabo en zona rural de Santa Rosa del Sur, Bolívar, la Segunda Brigada del Ejército Nacional asestó un duro golpe a la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo. Este operativo, realizado en el marco del Plan Ayacucho, reafirma el compromiso de las fuerzas militares en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad en la región.

El combate dejó como saldo la muerte de dos integrantes de este grupo armado, la captura de tres más, y la incautación de un importante arsenal que incluye cuatro fusiles, una pistola, dos revólveres y diversos elementos de intendencia utilizados en actividades delictivas.

Este logro representa un paso firme en el esfuerzo por debilitar las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de las comunidades en Bolívar y en todo el país. El Ejército Nacional continúa trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir el accionar de grupos al margen de la ley.

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Judicial

Fiscalía detecta red de disidencias de las Farc señalados de espiar a la fuerza pública con drones.

En un operativo realizado por la Fiscalía, se identificó una red de las disidencias de las Farc autodenominada “Segunda Marquetalia”, acusada de utilizar drones para espiar a las fuerzas militares y policiales en el departamento de Huila.

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En un operativo realizado por la Fiscalía, se identificó una red de las disidencias de las Farc autodenominada “Segunda Marquetalia”, acusada de utilizar drones para espiar a las fuerzas militares y policiales en el departamento de Huila.

El hallazgo derivó en la captura de cuatro presuntos integrantes de esta organización en el municipio de Acevedo. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron dos fusiles, cerca de 700 cartuchos, un dron, explosivos y otros elementos ilegales.

Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde se les imputaron cargos por la fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y explosivos de uso privativo de las fuerzas armadas. A pesar de la gravedad de los señalamientos, los procesados no aceptaron los cargos.

Como medida preventiva, los implicados deberán cumplir con detención en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Este caso resalta los desafíos de seguridad que enfrenta el país frente a las actividades ilícitas de los grupos armados organizados.

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