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En una operación transnacional, las autoridades y fiscalías de Argentina, España, Colombia, Chile, Ecuador y Perú lograron la captura de 17 ciberdelincuentes involucrados en el robo de información de celulares mediante plataformas electrónicas. Esta operación fue liderada por la Fiscalía General de la Nación de Colombia y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), en colaboración con organismos internacionales como Europol y Ameripol.

Durante la operación, cuatro personas fueron capturadas en las ciudades colombianas de Ibagué y Cali. Se incautaron 66 celulares, 12 computadores y diversos equipos tecnológicos empleados en las actividades delictivas. Los ciberdelincuentes utilizaban una sofisticada plataforma para enviar mensajes maliciosos a los propietarios de celulares robados, indicándoles que podían recuperar sus dispositivos accediendo a un enlace. Sin embargo, al hacerlo, las víctimas desbloqueaban los celulares y proporcionaban sus credenciales, permitiendo que los equipos fueran liberados para su reventa.

Impacto Internacional

Esta red de ciberdelincuencia afectó a más de 70,000 personas en Colombia y a 483,000 víctimas en los países cooperantes. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Ecuador, España, Uruguay y Bulgaria. Se desmantelaron también dos servidores ubicados en Argentina y España que eran utilizados para sustraer datos de las víctimas a través de páginas web falsas.

Cargos y Medidas

Los implicados enfrentan cargos por acceso abusivo a sistemas informáticos agravado, uso de software malicioso, suplantación de sitios web y receptación. Aunque los cargos no fueron aceptados por los acusados, deberán cumplir medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios.

Cooperación Internacional Contra el Crimen Cibernético

Este resultado es fruto del esfuerzo conjunto de diversas agencias internacionales y programas como Pacto 2.0, demostrando la importancia de la cooperación en la lucha contra el crimen cibernético transnacional. La Fiscalía General de la Nación de Colombia y sus aliados continúan trabajando para desmantelar redes criminales y proteger los derechos de los ciudadanos frente a delitos informáticos.

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En una exitosa operación transnacional, la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional desmantelaron una red de ciberdelincuentes responsables de un esquema de robo de datos y venta de dispositivos robados. La operación resultó en la captura de tres hombres y una mujer, identificados como Richard Ángel Segura, Luis Eduardo Morales, Óscar Andrés Chávez, y Susan Buitrago.

Estos individuos compraban celulares robados y los entregaban a presuntos ciberdelincuentes, como Brian Caicedo y Susan Buitrago, quienes realizaban ataques de phishing mediante enlaces fraudulentos. Las víctimas, al ingresar a estos enlaces, desbloqueaban sus dispositivos robados y compartían sus credenciales de acceso, facilitando la reventa de los equipos en el mercado negro.

Durante los operativos, las autoridades incautaron 66 celulares, tres discos duros y herramientas utilizadas para desarmar teléfonos. Las detenciones se realizaron en Ibagué, Tolima, Cali y Valle del Cauca, y un ciudadano adicional fue notificado en un establecimiento carcelario.

Los capturados enfrentan cargos por acceso abusivo a sistemas informáticos agravado, uso de software malicioso, suplantación de sitios web y receptación de bienes robados. A pesar de la imputación, los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medidas de aseguramiento en prisión.

Entre los capturados está el presunto responsable de comprar los celulares robados y entregarlos a “crackers”, quienes realizaban técnicas de ingeniería social para liberar los dispositivos y venderlos por completo o en partes. Esta modalidad afectó a más de 70,000 víctimas en Colombia.

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En una reciente operación llevada a cabo en el barrio Precozul del corregimiento de La Y de Astillero, la Policía Nacional logró la captura de Alfonso Ascanio Castellanos por porte ilegal de arma de fuego. Los agentes detuvieron a Castellanos mientras se desplazaba en motocicleta, encontrándole en su poder una pistola de calibre 9 mm, un proveedor y nueve cartuchos, todo sin el correspondiente permiso.

Además de la arma, las autoridades incautaron una cantidad significativa de ropa: 19 pantalones tipo sudadera, 16 camisas y 16 pares de medias, que presuntamente iban a ser entregados a grupos delincuenciales en la zona rural. Durante la operación de registro y control en el barrio Precozul, se descubrió que Castellanos también portaba elementos de intendencia militar, los cuales se presume que estaban destinados a grupos delictivos de la región.

Los elementos incautados, junto a Castellanos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Tras su captura, Castellanos fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, donde, tras la audiencia correspondiente, se le dictó medida de aseguramiento en un centro penitenciario.