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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha citado a Salvatore Mancuso Gómez en el marco del Caso 08, subcaso Antioquia. Este caso investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con paramilitares, agentes del Estado o terceros civiles durante el conflicto armado interno.

Durante la diligencia judicial, la magistratura interrogará al compareciente sobre varios hechos, incluido el posible relacionamiento que tuvieron algunos miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros civiles con grupos paramilitares. Además, se indagará sobre cómo este relacionamiento incidió en las masacres de La Granja (junio de 1996) y El Aro (octubre de 1997) en Ituango, Antioquia.

Este es el primer llamado a versión que la JEP hace al exjefe paramilitar, cuyo sometimiento a esta jurisdicción como sujeto incorporado funcional y materialmente a la Fuerza Pública fue ratificado en segunda instancia por la Sección de Apelación en marzo de este año. Además, Mancuso deberá proporcionar información sobre la consolidación de las ‘Convivir’ y detallar cómo, a través de estos grupos de vigilancia privados, se habrían ejecutado graves violaciones de derechos humanos contra integrantes de movimientos sociales.

La sala también examinará informes de organizaciones de víctimas, sentencias de Justicia y Paz, así como de la justicia ordinaria, que contienen pruebas y testimonios sobre estos hechos. La fecha de la diligencia se dará a conocer en las próximas semanas, y la misma será de carácter reservado, atendiendo al principio de acción sin daño que caracteriza todas las versiones llevadas a cabo en el marco del proceso dialógico de la JEP.

La información proporcionada por Mancuso Gómez constituye un insumo adicional para el proceso de contrastación de la información que la Sala de Reconocimiento debe realizar en la instrucción del Caso 08. Además, podrá ser llamado para rendir versión en otros subcasos. Este llamado a versión es un mecanismo que permite satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia y ofrecer verdad a la sociedad colombiana.

Judicial

Incautan más de 40 toneladas de aceite automotriz e industrial falsificado en Antioquia.

La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con el CTI y el Ejército Nacional, desmanteló varios centros de falsificación de lubricantes en Medellín, Itagüí y Rionegro. Durante siete operativos de registro y allanamiento, se incautaron 40 toneladas de mercancía, que incluían más de 5,400 unidades de aceites automotrices e industriales, además de equipos de comunicación y documentación contable.

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La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con el CTI y el Ejército Nacional, desmanteló varios centros de falsificación de lubricantes en Medellín, Itagüí y Rionegro. Durante siete operativos de registro y allanamiento, se incautaron 40 toneladas de mercancía, que incluían más de 5,400 unidades de aceites automotrices e industriales, además de equipos de comunicación y documentación contable.

Las investigaciones revelaron que aceites en pésimo estado eran reciclados y mezclados con sustancias que alteraban su calidad, para luego ser distribuidos como productos de marcas reconocidas, utilizando empaques y sellos diseñados para aparentar autenticidad.

Los productos falsificados estaban siendo comercializados en diferentes ciudades del país. Un juez de control de garantías avaló las diligencias y los elementos incautados, mientras las investigaciones avanzan para imputar cargos por los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial y alteración de calidad, cantidad, peso o medida.

Este golpe representa un importante avance en la lucha contra el comercio ilegal que pone en riesgo la seguridad de los consumidores y afecta la economía del país.

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Judicial

Operativo militar dejó un saldo de 2 muertos y 3 capturados en el sur de Bolívar.

En una operación militar estratégica llevada a cabo en zona rural de Santa Rosa del Sur, Bolívar, la Segunda Brigada del Ejército Nacional asestó un duro golpe a la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo.

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En una operación militar estratégica llevada a cabo en zona rural de Santa Rosa del Sur, Bolívar, la Segunda Brigada del Ejército Nacional asestó un duro golpe a la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo. Este operativo, realizado en el marco del Plan Ayacucho, reafirma el compromiso de las fuerzas militares en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad en la región.

El combate dejó como saldo la muerte de dos integrantes de este grupo armado, la captura de tres más, y la incautación de un importante arsenal que incluye cuatro fusiles, una pistola, dos revólveres y diversos elementos de intendencia utilizados en actividades delictivas.

Este logro representa un paso firme en el esfuerzo por debilitar las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de las comunidades en Bolívar y en todo el país. El Ejército Nacional continúa trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir el accionar de grupos al margen de la ley.

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Judicial

Fiscalía detecta red de disidencias de las Farc señalados de espiar a la fuerza pública con drones.

En un operativo realizado por la Fiscalía, se identificó una red de las disidencias de las Farc autodenominada “Segunda Marquetalia”, acusada de utilizar drones para espiar a las fuerzas militares y policiales en el departamento de Huila.

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En un operativo realizado por la Fiscalía, se identificó una red de las disidencias de las Farc autodenominada “Segunda Marquetalia”, acusada de utilizar drones para espiar a las fuerzas militares y policiales en el departamento de Huila.

El hallazgo derivó en la captura de cuatro presuntos integrantes de esta organización en el municipio de Acevedo. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron dos fusiles, cerca de 700 cartuchos, un dron, explosivos y otros elementos ilegales.

Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde se les imputaron cargos por la fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y explosivos de uso privativo de las fuerzas armadas. A pesar de la gravedad de los señalamientos, los procesados no aceptaron los cargos.

Como medida preventiva, los implicados deberán cumplir con detención en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Este caso resalta los desafíos de seguridad que enfrenta el país frente a las actividades ilícitas de los grupos armados organizados.

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