Judicial
Capturan a dos presuntos violadores de niños de seis, ocho y 13 años.
La violencia sexual contra menores es una realidad extendida y silenciada en todo el mundo. En el norte de Santander, casi la mitad de los abusos sexuales a niños y adolescentes son cometidos por un familiar, con el padre, la pareja de la madre y el tío como los agresores más frecuentes1. Es fundamental denunciar cualquier incidente de agresión sexual contra menores a la línea de emergencia 123 para proteger a los más vulnerables y garantizar que se haga justicia2.
La oficina del fiscal general del país ha logrado avances significativos en la lucha contra los delitos sexuales en el norte de Santander. Dos hombres han sido capturados por su presunta responsabilidad en casos de abuso sexual contra niños. En este artículo, examinaremos los detalles de estos perturbadores incidentes y las acciones tomadas por las autoridades.
Los casos de abuso sexual: En el primer caso, un hombre de 40 años abusó sexualmente de un niño de 6 años en su propia residencia. El segundo caso involucra a un padre que, durante los últimos 3 años, tuvo acceso sexual a sus dos hijas, de 13 y 8 años, en Cúcuta. Estos actos atroces han dejado una marca indeleble en las vidas de los menores afectados.
Pruebas contundentes y medidas de seguridad: La oficina del fiscal presentó pruebas sólidas que llevaron a los jueces a emitir medidas de seguridad en prisión contra los acusados. En el primer caso, se presume que el hombre aprovechó la visita del niño a su residencia para cometer el abuso. Fue acusado del delito de actos sexuales con un menor de 14 años. En el segundo caso, la madre de las menores denunció los hechos, lo que condujo a la captura del padre.
Recomendaciones de las autoridades: Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para informar cualquier incidente de agresión sexual contra menores a la línea de emergencia 123. La denuncia y la colaboración son esenciales para proteger a los más vulnerables y garantizar que se haga justicia.
Judicial
Incautan más de 40 toneladas de aceite automotriz e industrial falsificado en Antioquia.
La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con el CTI y el Ejército Nacional, desmanteló varios centros de falsificación de lubricantes en Medellín, Itagüí y Rionegro. Durante siete operativos de registro y allanamiento, se incautaron 40 toneladas de mercancía, que incluían más de 5,400 unidades de aceites automotrices e industriales, además de equipos de comunicación y documentación contable.
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La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con el CTI y el Ejército Nacional, desmanteló varios centros de falsificación de lubricantes en Medellín, Itagüí y Rionegro. Durante siete operativos de registro y allanamiento, se incautaron 40 toneladas de mercancía, que incluían más de 5,400 unidades de aceites automotrices e industriales, además de equipos de comunicación y documentación contable.
Las investigaciones revelaron que aceites en pésimo estado eran reciclados y mezclados con sustancias que alteraban su calidad, para luego ser distribuidos como productos de marcas reconocidas, utilizando empaques y sellos diseñados para aparentar autenticidad.
Los productos falsificados estaban siendo comercializados en diferentes ciudades del país. Un juez de control de garantías avaló las diligencias y los elementos incautados, mientras las investigaciones avanzan para imputar cargos por los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial y alteración de calidad, cantidad, peso o medida.
Este golpe representa un importante avance en la lucha contra el comercio ilegal que pone en riesgo la seguridad de los consumidores y afecta la economía del país.
Judicial
Operativo militar dejó un saldo de 2 muertos y 3 capturados en el sur de Bolívar.
En una operación militar estratégica llevada a cabo en zona rural de Santa Rosa del Sur, Bolívar, la Segunda Brigada del Ejército Nacional asestó un duro golpe a la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo.
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En una operación militar estratégica llevada a cabo en zona rural de Santa Rosa del Sur, Bolívar, la Segunda Brigada del Ejército Nacional asestó un duro golpe a la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo. Este operativo, realizado en el marco del Plan Ayacucho, reafirma el compromiso de las fuerzas militares en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad en la región.
El combate dejó como saldo la muerte de dos integrantes de este grupo armado, la captura de tres más, y la incautación de un importante arsenal que incluye cuatro fusiles, una pistola, dos revólveres y diversos elementos de intendencia utilizados en actividades delictivas.
Este logro representa un paso firme en el esfuerzo por debilitar las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de las comunidades en Bolívar y en todo el país. El Ejército Nacional continúa trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir el accionar de grupos al margen de la ley.
Judicial
Fiscalía detecta red de disidencias de las Farc señalados de espiar a la fuerza pública con drones.
En un operativo realizado por la Fiscalía, se identificó una red de las disidencias de las Farc autodenominada “Segunda Marquetalia”, acusada de utilizar drones para espiar a las fuerzas militares y policiales en el departamento de Huila.
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En un operativo realizado por la Fiscalía, se identificó una red de las disidencias de las Farc autodenominada “Segunda Marquetalia”, acusada de utilizar drones para espiar a las fuerzas militares y policiales en el departamento de Huila.
El hallazgo derivó en la captura de cuatro presuntos integrantes de esta organización en el municipio de Acevedo. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron dos fusiles, cerca de 700 cartuchos, un dron, explosivos y otros elementos ilegales.
Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde se les imputaron cargos por la fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y explosivos de uso privativo de las fuerzas armadas. A pesar de la gravedad de los señalamientos, los procesados no aceptaron los cargos.
Como medida preventiva, los implicados deberán cumplir con detención en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Este caso resalta los desafíos de seguridad que enfrenta el país frente a las actividades ilícitas de los grupos armados organizados.
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